Sobre la dependencia en Madrid

Presento resumida una entrevista a José Manuel Ramírez, presidente de la
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, un privilegiado observatorio que evalúa el desarrollo de la ley en cada región y pone nota: el examen más temido por los responsables autonómicos de la Dependencia.
Hoy lamenta que "se especule con el sufrimiento de las personas más necesitadas" con el fin único de batallar en la arena política.
Pregunta. ¿Cuál es su resumen de la aplicación de la Ley de Dependencia, tres años después de su entrada en vigor?
Respuesta. Esta ley supone el mayor avance en protección social en la última década. Más de medio millón de personas ya reciben alguna prestación, si bien es verdad que otras 250.000 que tienen ese derecho reconocido aún esperan.
En algunos territorios sí se puede decir que los dependientes han mejorado respecto a 2006. Pero la ley ha puesto de manifiesto las carencias del sistema de servicios sociales y cómo algunos territorios han errado al aplicarla o, simplemente, no la han desarrollado.
P. Hay enormes diferencias entre unas y otras. ¿A qué las achaca? Se habló de boicot por parte de algunas comunidades.
R. Resulta muy preocupante constatar que una tercera parte de la población española vive en comunidades en las que existe una falta de voluntad institucional para implantar el sistema, por lo que sus ciudadanos no pueden beneficiarse aún de prestaciones que ya son una realidad en el resto. En Canarias, Valencia, Madrid, Baleares y Murcia, es donde se vive esta cruda realidad. Ningún desacuerdo político puede utilizar como rehenes a los ciudadanos más vulnerables, y los hay, rehenes de la batalla política. No se puede especular con el sufrimiento de las personas más necesitadas. Es una cuestión de dignidad humana, ante la que no debemos callar ni limitarnos a señalar discrepancias de modelo.
P. Las comunidades se quejan de falta de financiación y de un calendario de aplicación muy estrecho.
R. La financiación y el calendario son iguales para todas, por lo que no caben las excusas de mal estudiante. …/…
P. Ustedes denuncian que hay comunidades que no sólo no ponen el dinero debido sino que reciben del Estado más de lo que gastan en Dependencia.
R. Hicimos una estimación de los gastos que asume cada comunidad sólo en la parte de los servicios y las prestaciones económicas. Y las disparidades de esfuerzo presupuestario entre unas y otras son clarísimas. Algunas se han limitado a recibir fondos del Estado para abonar parte de lo que ya se venía prestando en esos territorios. La financiación de la Dependencia no es tanto un problema de dinero como de reparto y control de los fondos. La financiación debe estar ligada al derecho reconocido a cada dependiente y al coste del servicio que se le presta. En ningún caso se puede tomar como una financiación territorial indefinida para asuntos inespecíficos.
P. Un informe de la Agencia de evaluación del Gobierno recomendaba al Ministerio, ahora de Sanidad y Política Social, ir a los tribunales contra aquellas autonomías que no aplicaban la ley.
R. El informe de esa agencia -que, por cierto, es muy bueno- no hacía sino significar que en un sistema tan complejo como el de la Dependencia, con un novedoso órgano en el que participan todas las comunidades, es normal que se busquen los consensos, pero de ninguna manera que se permitan incumplimientos de la ley.

P. ¿Está diciendo que las comunidades y el Gobierno se tapan las vergüenzas entre ellos?
R. Digamos que los apresurados plazos de implantación de la ley y la complejidad de los sistemas autonómicos, sí generaron una cierta comprensión mutua entre las administraciones al inicio. Pero esta política de paz permanente tiene que tener su límite cuando -transcurridos tres años- hay una dejadez evidente por parte de algunos dirigentes. Cada mes, los datos oficiales destapan las vergüenzas de esas cuatro o cinco comunidades en las que los porcentajes de atención al dependiente llegan a ser seis veces inferiores entre unas y otras. Canarias y Madrid tienen el porcentaje más bajo.
P. Y tiempos de espera excesivos, de casi dos años, hasta que el ciudadano recibe una ayuda.
R. La tramitación administrativa debe servir de garantía para los administrados y no para la Administración. Los sistemas de protección social no pueden entregar las ayudas basándose en resoluciones administrativas. ¿Se imagina que una intervención quirúrgica o una receta médica precisasen de un decreto de la autoridad competente?
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