Sin acritud. Pero, al Cesar lo q es del Cesar
Contraponer un enlace sobre el vicepresidente Iglesias
a la información anterior sobre declaración de Lidia sobre muertes en
Residencias en la Comisión del Congreso, me parece, como poco, improcedente,
porque:
1.
El enlace sobre el vicepresidente Iglesias, recoge noticia de fecha de 10 de
marzo, sobre distribución tareas dentro del gobierno de la nación, aunque su
torticera utilización parecería tener la intención de responsabilizarle de la
tragedia de las Residencias, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.
2.
No deben olvidar que España es un estado federal, un estado compuesto, con
amplias atribuciones en sus territorios, las llamadas CCAA, incluidas las de
sanidad y asuntos sociales, que organizaron y dirigieron durante la pandemia.
3. 3692. Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Artículo 6. Gestión ordinaria de
los servicios.
Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.
4. El
gobierno de la nación no tiene, ni asumió atribuciones sobre las residencias de
mayores, que estuvieron y están en manos de las CCAA.
5.
Son los gobiernos autonómicos, los gobiernos territoriales, quienes tuvieron y
tienen responsabilidad en la contratación, despido y organización del alto
personal responsable en cada territorio. Por ejemplo, en el caso de la
Comunidad de Madrid, ejerció su responsabilidad, despidió o empujó a dimitir, a
cerca de una decena de muy altos cargos vinculados con la crisis covid 19,
siendo cubiertos los nombramientos por el Gobierno de la Sra. Ayuso, lo cual es
una muestra de sus atribuciones de responsabilidad y poder.
6.
El 12 de marzo el gobierno Ayuso, presidenta y consejero Ruiz Escudero, afirman
públicamente que las residencias se van a medicalizar. El 17 de marzo
Ayuso en entrevista Telecinco afirman que las residencias están medicalizadas.
Mentira. Como sentenciará el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y mostró
la realidad de las más de 700 residencias de la región.
7.
El 19 de marzo el Consejero de Políticas Sociales, pide ayuda al gobierno de la
nación para que envíe la UME. La presidenta niega horas después que necesite
tal ayuda. Hasta ahora son pruebas de quien tiene las competencias, y al menos
un alto porcentaje de responsabilidades.
8.
Las órdenes que recibieron los hospitales de la Comunidad de Madrid para no
aceptar derivaciones de las residencias de mayores, fueron impartidas por el
gobierno de la Comunidad de Madrid, que era quien podía transmitirlas. El 20 de
marzo enviaron un protocolo para evitar que los ancianos fueran trasladados a
hospitales, inicialmente firmado por Carlos Mur, director de coordinación
sociosanitaria de la Comunidad. Existió otro protocolo posterior en el mismo
sentido para evitar derivaciones de ancianos desde sus domicilios.
9.
Salvo ancianos con pólizas de seguros privados.
10. El
22 marzo, el consejero Reyero envía dos correos al Consejero de Sanidad Ruiz
Escudero cuestionando la legalidad del protocolo. Otra prueba más de quien
tenía y asumía la responsabilidad y atribuciones.
11.
Meses después, el 4 de junio en la Asamblea de Madrid, el Consejero Ruiz
Escudero, reconocerá que los protocolos de exclusión de residentes fueron
enviados a los hospitales, aunque dice que ‘fue por error’. Fueron publicados
los correos de Reyero a Ruiz, en los que se prueba las órdenes de exclusión.
12. El
25 de marzo la Consejería de Políticas Sociales del gobierno regional anuncia
que intervendrá las residencias. Al día siguiente la presidenta Ayuso quita las
competencias de residencias a Políticas Sociales, en poder de Ciudadanos y las
transfiere a Sanidad en manos del PP, ambas dentro del gobierno regional. Quien
podía hacerlo lo realiza y no era ningún vicepresidente del gobierno de la
nación.
13. El
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, meses después de decretado el estado
de alarma, dictó seis sentencias, al menos, -yo conozco las de Alcorcón,
Leganés y Móstoles-, instando al gobierno de la Comunidad de Madrid a
medicalizar las residencias. Es el Tribunal Superior de Justicia quien insta
mediante sentencias al gobierno de la Sra. Ayuso, porque estima que tienen la
responsabilidad. No se dirige a otro gobierno ni al vicepresidente Iglesias.
14. Las
residencias de mayores, son en gran parte propiedad de empresas privadas, grandes
grupos empresariales y fondos de inversión controlan gran número de ellas. Por
tanto, su objetivo como negocio, es la alta rentabilidad, los altos beneficios,
para lo cual, la reducción de costes es esencial. Ello contribuyó en gran
medida al desastre, sin medios, sin personal, sin espacios… Las otras
residencias públicas, son controladas por los gobiernos territoriales.
15.
Conozco en primera persona la entrada de un grupo inversor en la residencia
donde estaba mi madre, durante sus últimos meses. Las primeras acciones, años
antes de la pandemia, fueron reducir personal y gasto alimentario. El personal
es esencial en los cuidados de mayores.
16.
Durante la primera ola de la pandemia murieron mas de 7.700 ancianos en las
residencias de mayores madrileñas. Aquellos que durante meses llamaban asesinos
al gobierno de la nación, imputándole directamente su responsabilidad en las
muertes, callaron posteriormente cuando fueron descubriendo que las
atribuciones fueron/son principalmente de los gobiernos autonómicos, en este
caso de Madrid dirigido por el PP. Lo cual no exime de responsabilidad
compartida a toda institución española, incluido el gobierno de la nación. Pero
a estas alturas de la película, volver a insinuar responsabilidad criminal en
el vice Iglesias con un enlace de Antena 3 del 10 de marzo es asquerosamente
indigno.
Publicado por manuhermon en 13:50 'Enmibarrio' jueves, 19 de noviembre de 2020